A
partir de que el viernes 25 de noviembre pasado, en nombre de 23 mil
ciudadanos mexicanos que firmaron (principalmente por la vía cibernética) una
demanda, el jurista Netzaí Sandoval entregó a la Fiscalía de la Corte Penal
Internacional un expediente en el que se acusa al presidente Felipe
Calderón de crímenes de guerra y de lesa humanidad; la presidencia de la
República emitió un desplegado en los diarios de mayor circulación, como
respuesta inmediata a las imputaciones que le hacen estos 23 mil ciudadanos.
Por si usted
no lo sabe, y para que no se quede con la duda, La Corte Penal Internacional (también llamada Tribunal Penal Internacional) es un tribunal de justicia internacional
permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de
genocidio,
de guerra
y de lesa humanidad. (Esto alude a un crimen
que, por su aberrante naturaleza, ofende, lesiona a la humanidad en su conjunto.) Tiene personalidad
jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se
relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de
Roma, su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya,
en los Países Bajos, que es la tercera ciudad más
grande de los Países Bajos, después de Ámsterdam
y Róterdam.
Este tribunal internacional
comenzó a funcionar en el año 2002. México ratificó el Tratado
Internacional que la creó en el año 2005 e incorporó su reconocimiento en el
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Felipe Calderón, abre el comunicado con un
sonoro rechazo a “las imputaciones falsas
y calumniosas que un grupo de personas realizan” contra su persona por las
desapariciones forzadas; por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por
las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados; así como por el
secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del
Instituto Nacional de Migración; entre otros delitos que, según dice el abogado
Sandoval, están documentados.
Luego intenta dibujar un panorama, con
trazo un tanto grueso al decir que la violencia de los grupos delincuenciales “afecta sensiblemente a las
familias mexicanas”, y que ante el “clamor
de ayuda expresado por los ciudadanos que sufren esta situación en algunas
regiones y la petición expresa de sus autoridades estatales” se ha enviado
apoyo –sin explicar de qué clase de apoyo exactamente se trata- y nos
tranquiliza aseverando que se ha llevado a cabo “con estricto apego a la ley”.
En el siguiente párrafo pondera el quehacer de “las fuerzas Federales”, sin hacer
explícito de qué fuerzas se trata: ejército, policía federal, PGR, o todas
estas instituciones juntas; advierte que se han desempeñado sin menoscabar “las
garantías individuales (ni) los derechos humanos de todas las personas”; y
vienen a la memoria, dos botones para refutarlo, los estudiantes del Tec. de
Monterrey asesinados al quedar en medio de un operativo del ejército y ser “confundidos” con los sicarios que
eran objeto de tal operativo, en marzo de 2010; uno recuerda también a doña
Ernestina Ascencio, anciana indígena de Zongolica, Veracruz, que –según lo afirmó
apresuradamente Felipe Calderón, ya que no habían concluido las
investigaciones, y luego lo suscribió el entonces presidente de la CNDH, José
Luis Soberanes-, murió por una gastritis y no por una violación tumultuaria por
parte de presuntos militares. Estos posicionamientos tan de prisa no hacen más
que despertar la suspicacia de los mal
pensados.
Se lamenta, sin embargo, de “los casos en los que desafortunadamente se ha tenido conocimiento de
actos violatorios a los derechos humanos”; y subraya lo que hace un
gobierno democrático “para preservar la
ley y defender a las familias de los criminales” y uno no entiende si se
trata de un solecismo, producto de su pluma inexperta o de una traición de eso
que algunos llaman conciencia. De cualquier manera merece un análisis aparte,
psicológico, tal vez. En fin.
Más abajo se congratula de que “ante la magnitud de la problemática generada por la acción criminal y
en consideración al número de personas que han sido detenidas actuando al
margen de la ley, estos casos han sido verdaderamente excepcionales”, como
si treinta y tantos criminales “puestos a disposición de las autoridades”
compensaran las más de 50 mil muertes; entre militares y civiles que van en
este sexenio, es decir, un promedio de 10 mil muertes por año.
El comunicado no aporta
verdaderos argumentos, sino que se basa en descalificaciones del tipo “las imputaciones falsas y calumniosas”
aludiendo a los asertos del grupo demandante; en la parte central está plagado
de autoelogios que enumeran acciones que si bien deben hacerse, la realidad nos
muestra que de ningún modo han sido suficientes ni eficaces. Expresa, sin
mencionar a nadie, “las voces más
autorizadas en la materia” apoyan la labor del gobierno; pero baste echar
un ojo a los diarios y constatar lo que dicen intelectuales y analistas contra
la estrategia calderonista. Al final, después de colocarse del lado de los
buenos, suelta la amenaza contenida “el
Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder
legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias
nacionales e internacionales.” Evidentemente olvida o desconoce el Artículo 39. De nuestra Constitución que a la letra dice: La soberanía nacional reside esencial y
originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se
instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Por tanto, me
parece, aunque me gustaría estar seguro, que se quedará en bravata la amenaza
presidencial, por nuestro bien, espero que así sea.
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